El hecho de que Fernando VII nombrase heredera su hija Isabel, contraviniendo la ley sálica que impedía reinar a las mujeres, fue el inició de un conflicto sucesorio que iba a marcar en buena medida la historia del xix español. Este dio lugar a fuertes controversias ideológicas y tres guerras civiles de gran intensidad dirimidas entre los partidarios de la hija del monarca y los de la línea que encabezó el pretendiente Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. En cualquier caso, el enfrentamiento entre los bandos isabelino y carlista iba más allá de un simple relevo al frente de la institución monárquica, pues albergaba un trasfondo mucho más complejo: se trataba de una confrontación entre el liberalismo y el absolutismo.
El liberalismo se erigió en el defensor de la causa de Isabel Il, favorable a la superación del Antiguo Régimen, a la transformación de las viejas estructuras políticas y a la modernización de país. La burguesía, a baja nobleza y las clases urbanas más populares engrosaron las filas isabelinas.
El carlismo, por su parte, se postuló como garante tanto del poder absoluto de la monarquía como de una concepción ultraconservadora de la religión católica. Los partidarios carlistas, también, conocidos como tradicionalistas, realistas y apostólicos, adoptaron el lema «Dios patria y rey». Además, con, la intención de sumar adeptos, entre sus reivindicaciones esgrimieron la defensa de los fueros y de las leyes tradicionales, lo que tuvo especial repercusión en amplias zonas del País Vasco, Navarra y Cataluña. Con estos preceptos, a la causa carlista se unieron el clero más reaccionario, especialmente el rural, la vieja aristocracia y amplios sectores del campesinado y del artesanado, afectados por las medidas fiscales aplicadas por el liberalismo y por la transformación de la producción.
